El presidente de Argentina Alberto Fernández, integrante del peronista-kirchnerista Frente de Todos, cumplió en diciembre dos años de mandato. Todavía le quedan casi dos años – el 44% de su mandato, lo que es casi una eternidad en la atribulada política argentina.
Semanas atrás un puñado de aliados incondicionales (destaco lo de “incondicionales” porque en su mayoría el presidente tiene “aliados, pero no tanto”) afirmó que Fernández tiene la intención de disputar la reelección el año que viene. Pero, según los analistas, en la coyuntura actual esto no es más que un deseo algo ingenuo.
O, como me dijo con ironía un joven senador peronista: “¡La reelección de Alberto sólo podría darse si se descubriera que el dulce de leche nacional sirve como un combustible nuclear que convertiría, de la noche a la mañana, a la Argentina en una potencia mundial! Sólo un milagro nos va a salvar de una victoria de la oposición…”.
Según una encuesta de la consultora Rouvier y Asociados, la aprobación de Fernández, que a mediados de 2020 era del 67%, ahora es del 37%. Para colmo, otra encuesta, de la consultora Poliarquía, indica que sólo el 8% de los entrevistados creen que Fernández es quien toma las decisiones en el gobierno.
La vicepresidente (y expresidente) Cristina Kirchner es vista como la figura fuerte de la Casa Rosada, que presiona a Fernández para que cumpla sus gustos y deseos. Y, cuando él no sigue sus órdenes, Cristina “le serrucha el piso”. O sea, la vice de Fernández es su principal opositora.
Todo indica que en los próximos días Fernández sufrirá una “serruchada de piso” anunciada hace tiempo: la ausencia de parte del kirchnerismo en el Congreso para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el año pasado, Fernández negocia con el FMI para definir los nuevos plazos para el pago de la deuda del país. Sin embargo, cada vez que avanzaba en las discusiones, Cristina torpedeaba las conversaciones con críticas directas al FMI. La semana pasada, finalmente, después de mucho desgaste, Fernández cerró el acuerdo con el organismo mundial.
Hace un mes, la tensión entre el presidente y su vice aumentó luego de que el diputado Máximo Kirchner, hijo de Cristina, anunciara que dejaba el cargo de líder del bloque peronista-kirchnerista en la Cámara de Diputados. Máximo declaró que no estaba de acuerdo con la estrategia del presidente junto al FMI.
Así, sin aparecer formalmente, Cristina, a través de su hijo, oficializó la posición del “cristinismo”, que siempre se opuso a un acuerdo con el FMI, y lo puso en apuros al “albertismo”, el pequeño grupo del presidente Fernández, que ahora se enfrenta a la inminencia de una virtual ruptura interna en el gobierno – algo que ya se vislumbraba desde la derrota del gobierno en las elecciones parlamentarias del año pasado. Debido a esta derrota, el gobierno perdió la mayoría en el Senado y su situación en la Cámara de Diputados se complicó.
Para el peronismo, acostumbrado hace muchas décadas a tener “la sartén por el mango”, este es un escenario inédito en todos los períodos de democracia plena desde 1946.
Trátase realmente de una ruptura
El general Juan Domingo Perón, fundador del Partido Justicialista, solía recurrir a una metáfora para explicar las divisiones dentro de su partido: “Los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen gritar creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo”.
Pero ahora estos gritos marcan realmente una ruptura.
A estas alturas de la guerra interna, Cristina no está dispuesta a pagar el costo político y electoral que supondría el nuevo pacto con el FMI.
Si Fernández no logra convencer a Máximo Kirchner y sus seguidores en el Parlamento a votar a favor del acuerdo, la fractura en el seno del gobierno se concretaría, ya que denotaría un supuesto “punto de no retorno” en las relaciones entre el presidente y su vice.
El acuerdo se debatirá y votará en la Cámara de Diputados y en el Senado en los próximos días. En los últimos meses, una parte importante de la oposición, sobre todo la coalición “Juntos por el Cambio”, del expresidente Mauricio Macri y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó favorable a un acuerdo con el FMI. Pero empezó a cambiar de opinión debido a la probable ausencia de muchos parlamentares oficialistas en esa votación.
Así, ahora los opositores también estudian la posibilidad de ausentarse. La oposición cree que no tiene sentido comprometerse con un acuerdo que no es respaldado por sectores del propio gobierno. En otras palabras, si la situación económica y social argentina se complicara aún más en este año debido al ajuste requerido por el FMI, la oposición no quiere que la señalen entre los culpables. La coalición opositora Juntos por el Cambio también está enfadada porque el texto del proyecto del acuerdo enviado al Parlamento contiene críticas contundentes al gobierno de Macri, que contrajo una deuda de US$ 45.000 millones con el FMI en 2018.
La oposición contempla también la posibilidad de votar de forma genérica a favor de la necesidad de financiación proveniente del FMI y, en este caso, no votar los puntos del programa económico.
Por un lado, estos sectores no quieren comprometerse con un acuerdo impopular; pero, por otro, tampoco quieren que Argentina vuelva a declararse en default y se convierta, una vez más, en un paria en los mercados internacionales.
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Lo que dice el texto del acuerdo con el FMI
El FMI afirma que la inflación en Argentina es alta y persistente. Por eso, el acuerdo determina que el gobierno argentino necesitará un programa integral de políticas económicas para combatirla (ningún gobierno argentino combatió la inflación de forma concreta en este siglo), lo que requiere una política monetaria prudente. Esto supondrá “imprimir” menos dinero (pesos), una maniobra que hasta ahora ha permitido al gobierno mantener el nivel del gasto público, y sobre todo los subsidios. El FMI determinó también que el gobierno tendrá que reducir la transferencia de fondos federales a las provincias y empresas estatales.
El punto más delicado del acuerdo, por cierto, es la exigencia de una reducción de los subsidios pagados a diversos servicios públicos, entre ellos, la energía. Esto se debe a que el Estado argentino lleva 20 años subsidiando, de forma ininterrumpida, las empresas privadas de energía eléctrica y gas, además de los combustibles. Estos subsidios se han mantenido incluso cuando la economía del país experimentó un crecimiento. Por este motivo, es irónicamente denominado “populismo tarifario”. Los economistas han criticado a los distintos gobiernos argentinos de las últimas dos décadas por no reducir los subsidios de forma gradual. Sólo el año pasado los subsidios al sector de energía sumaron US$ 11.000 millones, el equivalente a 2,4% del PIB del país.
La reducción de los subsidios es un tema muy sensible para la población argentina, ya que implicaría un aumento exponencial y abrupto del costo de la energía, el gas y los combustibles. Estos aumentos oscilarían – según el sector de la población – entre el 22,6% y el 100%.
Además, el aumento de las tarifas agravará la inflación. Esto causará más problemas para Fernández, que se comprometió a reducir la inflación argentina, la segunda mayor de las Américas después de la de Venezuela.
El acuerdo con el FMI también estipula que hasta diciembre de este año el gobierno deberá poner fin a las medidas restrictivas que se aplican a la compra de dólares por parte de los ciudadanos (el dólar, desde los años 70, ha sido el refugio sine qua non de los argentinos para los momentos de crisis). Las restricciones aplicadas por Cristina, Macri y también por Fernández, generaron un redireccionamiento de los argentinos hacia el mercado paralelo de la divisa estadounidense. El FMI quiere también que el gobierno desaliente el uso de criptomonedas en Argentina, “con el objetivo de prevenir el lavado de dinero”.
El programa del FMI durará dos años y medio. Durante este período, 10 misiones del FMI visitarán el país para que sus representantes puedan analizar de cerca si se están cumpliendo los objetivos firmados por Fernández.
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Lo que sucederá luego de la aprobación del acuerdo
Si el acuerdo logra superar todos los obstáculos en el Parlamento argentino, aún deberá ser aprobado, posteriormente, por el directorio del FMI. En cuanto el board del Fondo dé el OK, el organismo enviará US$ 10.000 millones para que Argentina pueda reforzar las debilitadas reservas del Banco Central. En total, el acuerdo supone el envío de US$ 45.000 millones.
El memorándum con el FMI determina que para 2025 la Argentina deberá alcanzar el equilibrio fiscal primario. Además, proyecta para 2022 un crecimiento del PIB entre el 3,5% y el 4,5%. Para 2023, el objetivo es un crecimiento entre el 2,5% y el 3,5%. Para 2024, entre el 2,5% y el 3%.
En materia de inflación, la proyección oscila entre el 38% y el 48% para este año, una cifra superior a la estimación inicial, de 33%, del ministro Guzmán en el Presupuesto Nacional de 2022. Pero la inflación prevista en el memorándum con el FMI aún es inferior al 55%, la inflación calculada por los economistas.
Fernández es el primero de una larga lista de presidentes – peronistas y no peronistas – que, en lugar de firmar el acuerdo por decreto, prefirió llevarlo al Parlamento. Esta es una forma de repartir responsabilidades: Fernández no quiere ser apuntado – en meses o años – como el culpable exclusivo de un posible fracaso de la política económica que deberá adoptar en razón del acuerdo con el FMI.
Este es el 22º acuerdo de un gobierno argentino con el FMI en 64 años. O sea, una media de un acuerdo cada 3,2 años. Si el Fondo considera que el gobierno no cumple los objetivos firmados, cancelará los créditos. En resumen: Fernández tendrá una espada de Damocles sobre su cabeza. En verdad, la tendrá el próximo gobierno, sea cual sea.
Argentina y FMI: una relación yo-yo
La relación entre la Argentina y el FMI siempre estuvo llena de momentos de alta tensión, de resignación e incluso de idilio. En 1956, por consejo del economista Raúl Prebish, Argentina – gobernada por una Junta Militar – ingresó al FMI. Dos años después, el presidente civil Arturo Frondizi hizo su primera solicitud de crédito para equilibrar la balanza de pagos. En contrapartida, el FMI exigió el primer gran ajuste del gasto público de la Historia argentina. Frondizi eliminó las restricciones a las importaciones, suspendió los controles de precios, congeló salarios y liberó el dólar.
Los conflictos surgieron en el gobierno civil de Arturo Illia, más intervencionista. Pero, en 1966, un golpe de Estado y la aplicación del plan de estabilización del general Juan Carlos Onganía restablecieron el clima amigable con el FMI. En 1973, el general Perón volvió al poder y, a pesar de criticar visceralmente al Fondo, siguió acordando con el organismo.
En 1976, un golpe de Estado llevó al poder una Junta Militar que colocó a José Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. El nuevo ministro estimuló una bicicleta financiera que llevó al país a una crisis y a la suspensión de pagos al FMI en 1981. En 1982, con la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas, el FMI reanudó los préstamos al país.
En 1983, con la vuelta a la democracia y la asunción del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), las relaciones con el Fondo volvieron a tensarse. En una discusión con los representantes del FMI, el ministro de Economía Bernardo Grinspun ilustró su exasperación bajándose los pantalones y calzoncillos delante de los enviados del organismo financiero. Exhibiendo sus pálidas nalgas, gritó: “¿Esto es lo que quieren? ¡¿Esto?!”.
Pero este escenario de pésimas relaciones cambió luego de la llegada de Carlos Menem a la presidencia (1989-1999). Con la implementación de la convertibilidad económica (que estableció la paridad uno a uno entre el peso y el dólar), la privatización de las empresas estatales y la política de refinanciación permanente de los créditos que solicitaba al Fondo, Menem se convirtió en el alumno predilecto del FMI. En 1998, el director gerente del Fondo, Michel Camdessus, definió a Menem como “el mejor presidente que Argentina tuvo en los últimos 50 años”.
En 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), el “modelo argentino” empezó a naufragar. El FMI, para apoyar a su alumno predilecto, envió un crédito de US$ 10.000 millones, denominado “el blindaje” que, sin embargo, no pudo evitar el colapso. El 20 de diciembre de 2001, De la Rúa renunció. Tres días después, el nuevo presidente, Adolfo Rodríguez Saá, anunció el default de la deuda pública argentina con los acreedores privados.
El pago de la deuda con el Fondo, sin embargo, se mantendría. Desde el colapso financiero del país en 2001 hasta diciembre de 2005 el gobierno trató al Fondo como “acreedor privilegiado”, al que pagó un total de US$ 8.000 millones. El presidente Néstor Kirchner (2003-2007) siguió pagando rigurosamente los vencimientos con el Fondo. Sin embargo, mientras pagaba las deudas, en el discurso Kirchner presentaba al FMI como el “satanás” que había dejado a la Argentina en el “infierno” de la crisis.
El presidente Mauricio Macri (2015-2019) heredó del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) una emisión monetaria descontrolada, además de un pesado déficit fiscal. En 2018, Macri contrajo la mayor deuda de un país con el FMI en todo el mundo, de más de US$ 50.000 millones. Y fue esta deuda acumulada que recibió el actual presidente Alberto Fernández.
Recientemente el diario “The Washington Post” hizo un análisis quirúrgico de la situación argentina y de su relación con el FMI, en un texto titulado “Argentina es la pareja de tango que el FMI no puede dejar”. En la nota, TWP afirma que “Argentina es un adicto de la deuda… y el FMI es su dealer” y que “si Argentina es una víctima, es por heridas autoinfligidas”. El diario también recordó los tiempos en que el país era una de las principales economías del mundo, pero una secuencia de muchos gobiernos que protagonizaron festivales de gastos populistas y devaluaciones hundió la nación.
Traducido por Adelina Chaves
