En el histórico edificio del Parlamento, en Lima, escenario de tantos momentos turbulentos de la política reciente peruana, José Pedro Castillo Terrones recibió la banda, el bastón y la placa presidencial (Perú tiene tres símbolos del poder presidencial). Hombre fervorosamente religioso (siempre reza antes de cualquier comida), juró por Dios, por los campesinos, por los docentes y por una nueva constitución que, según él, el país tendrá en el futuro, en un plazo a determinar más adelante.
Ideológicamente, Castillo es de izquierda en el área económica. Sin embargo, en el área de los derechos humanos es un ultraconservador. Es visceralmente homofóbico, está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la adopción de niños por homosexuales, afirma que la familia sólo puede estar formada “por esposo y esposa” y que va a eliminar la educación de género de las escuelas. Castillo afirma que en su familia aprendió “a tener valores y a cortarse las uñas”.
Castillo, que suele andar a caballo, un medio de transporte común en el interior de Perú, siempre aparece con un alto sombrero blanco de paja llamado “bambarquino”, típico de su región, hecho de forma artesanal, cuya fabricación lleva de tres semanas a dos meses. En la inauguración llevaba uno.
En su discurso, afirmó que es la primera vez que Perú será gobernado por una persona que fue agricultor (en su infancia y juventud) y maestro rural (durante toda su vida adulta). Para calmar los ánimos sobre las eventuales estatizaciones de empresas y las confiscaciones de propiedades privadas (temas que él mismo había mencionado al inicio de la campaña electoral), Castillo afirmó que eran mentiras y rumores.
Con el lema electoral “No más pobres en un país tan rico”, el nuevo presidente asustó a los mercados y la élite peruana en los últimos meses. La moneda nacional se devaluó, cayó la Bolsa de Valores de Lima. Además, se registraron salidas de capitales extranjeros y nacionales. Miles de personas de la clase alta y media alta del país empezaron a abrir cuentas en el exterior. Y los peruanos que ya tenían depósitos fuera del país enviaron más dinero, “por si las moscas”. No en vano se han hecho famosos en YouTube los videos que explican cómo abrir cuentas fuera del país.
Castillo subrayó que quiere una economía previsible, que no estatizará empresas ni controlará el tipo de cambio. Pero destacó que quiere que los proyectos de minería impulsen las economías regionales y aumenten los ingresos del Estado.
El nuevo presidente sostuvo que creará un sistema para que las grandes empresas no eludan el pago de impuestos y que el Estado asumirá activamente “la defensa del medio ambiente y los derechos de los consumidores”.
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Hay que recordar que el partido de Castillo defendió explícitamente la estatización de empresas. Elegido, dejó claro que su idea – en principio – es que el Estado tenga más participación en el manejo de la economía, especialmente para revertir la desigualdad que afecta a Perú desde los tiempos en que el conquistador español Francisco Pizarro inició la explotación del desmantelado imperio inca.
Polémicas discursivas
De inicio previsible, el discurso de asunción tomó un cariz diferente cuando Castillo abordó un tema polémico: su plan de realizar una asamblea constituyente. Dice que enviará un proyecto de ley al Parlamento para convocar un referéndum para celebrar una constituyente con la intención de formular una nueva carta magna. Para defender el proyecto argumenta que Perú es “prisionero” de la actual Constitución. Pero, para eso, va a necesitar el respaldo del nuevo Parlamento, algo que parece ser poco probable. El temor de los mercados es que Castillo encuentre una vía alternativa para convocar la Asamblea Constituyente.

Castillo también declaró que no vivirá en el Palacio Pizarro, la sede de la presidencia, a diferencia de los presidentes peruanos anteriores. Considera que el edificio neobarroco es un vestigio del pasado colonial del país. No explicó dónde residirá ni dónde será su oficina de trabajo. El Pizarro será destinado al “Ministerio de las Culturas”.
Castillo llamó la atención con un plan que podría sonar algo “bolsonarista”: “¡Los jóvenes que no trabajan ni estudian tendrán que hacer el servicio militar!” Además, declaró algo que hizo acordar al expresidente Donald Trump: prometió expulsar en 72 horas a los inmigrantes extranjeros que cometan delitos dentro de Perú. Hasta ahora, los inmigrantes que cometían delitos eran juzgados y eventualmente cumplían sus condenas en las prisiones del país, como cualquier residente.
Un primer ministro homofóbico empieza a marcar la pauta
Un día después de asumir, Castillo anunció el nombre de su primer ministro, Guido Bellido Ugarte. Bellido, de 42 años, era prácticamente un desconocido hasta este jueves (29). Él obedece al presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que fue inhabilitado judicialmente por sus casos de corrupción y no pudo concurrir a las elecciones presidenciales (motivo por el cual Castillo – un recién llegado al partido – tuvo espacio para su candidatura este ano).
El nombramiento de Bellido, un radical que declara su admiración por los regímenes de Cuba y Venezuela, y que está procesado en los tribunales por apología del delito al elogiar las acciones del extinto grupo guerrillero Sendero Luminoso, es una clara señal de que Castillo ha tenido que ceder más espacio a los miembros de Perú Libre.
Bellido es un notorio homofóbico. En los últimos meses declaró que cree en la existencia de un lobby gay. Según él, los maricones son un tipo de “degeneración”. Y cita como ejemplo lo que Fidel Castro decía sobre los homosexuales en 1963: “La revolución no necesita peluqueros”. Bellido afirmó: “No veo lesbianas y gays organizando manifestaciones”.
El nuevo primer ministro, tiempos atrás, preguntó: “¿Por qué quieren mariconizar a los peruanos a cualquier precio?”. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ahora tiene un par peruano que rivaliza con él en materia de homofobia.
Durante la campaña, Castillo tuvo como principal asesor económico al moderado Pedro Francke, un economista respetado por empresarios y académicos. Era la persona señalada como virtual futuro ministro de Economía. Sin embargo, con el nombramiento de Bellido como primer ministro, Francke prefirió mantenerse al margen del gobierno.
A lo largo del viernes (30), el país vivió una jornada de tensión en el mercado. La Bolsa cayó y la agencia de calificación Moody’s declaró que sería difícil mantener la calificación de Perú en A3 debido a las incertidumbres sobre las políticas públicas.
Al final, Castillo convenció a Francke a que aceptara la invitación para ser el nuevo ministro de Economía y se espera que su presencia pueda calmar los ánimos sobre el rumbo del actual gobierno peruano.
Francke incluso lanzó una pulla al primer ministro Bellido cuando juró su cargo: «Por la igualdad de oportunidades, sin diferenciación de género, identidad étnica o identidad sexual, por la democracia y la reconciliación nacional, ¡sí, lo juro!». Horas después marcó territorio ante Bellido, indicando a través de las redes sociales que luchará contra la homofobia.
Otro ministerio crucial, el de Asuntos Exteriores, estará dirigido por el sociólogo Héctor Béjar, de 85 años, que fue guerrillero en Cuba durante el tramo final de la Revolución Cubana, a finales de la década de 1950. Admirador incondicional de Fidel Castro, al regresar a su país a mediados de la década de 1960, Béjar fundó su propio grupo guerrillero. Sin embargo, no tuvo éxito en esta empresa y fue encarcelado. Béjar es un importante académico, aunque considerado miembro de una izquierda anacrónica.
El gabinete de Castillo tiene 18 ministerios. De ellos, solamente dos están liderados por mujeres, lo que indica que es uno de los gabinetes más misóginos de América Latina, algo que se esperaba debido al perfil conservador y religioso del presidente. La defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación no son prioridades de la nueva administración.
Ninguna mujer ocupa ministerios como Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, Transportes o Agricultura. Las dos mujeres nombradas por Castillo asumieron el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Inclusión. De hecho, Castillo ha reaprovechado a su vicepresidenta, Dina Boularte, para este último. Los grupos feministas consideran que, de esta manera, en lo que respecta a la lucha por los derechos de género, el país retrocedió 15 años con el nuevo gobierno.
Un Congreso (propenso a los impeachment) de oposición
Una de las primeras tareas que tendrá el nuevo gobierno será la de entregar, hasta el día 30 de agosto, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 2022. Además, tendrá que definir qué hacer con todas las reglas fiscales que se suspendieron temporalmente debido a la pandemia.
Pero, hay un factor crucial para cualquier medida de Castillo en el área económica: el presidente no tiene, actualmente, mayoría parlamentar. Y Perú tiene un sistema institucional semipresidencial (o semiparlamentario), en el cual el Parlamento tiene mucho poder y el presidente está más limitado que sus pares presidentes de los países vecinos.
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De hecho, Castillo sufrió el primer revés en este ámbito a principios de la semana pasada, cuando una alianza de partidos conservadores de la oposición eligió a la diputada María del Carmen Alva Prieto, del partido Acción Popular, como presidente del Parlamento. El segundo y tercer puestos de comando del Parlamento también quedaron en manos de la derecha.
Se trata de una dura derrota para Castillo, que tenía previsto poner al frente del Parlamento a un diputado de centroderecha junto a uno de centro y otro de centroizquierda. Castillo tiene minoría en el Parlamento. Su partido tiene solamente 37 escaños. Sólo consiguió ocho aliados adicionales. Así, tiene sólo el 34% de los escaños del Parlamento.
Luego de años como ejemplo de estabilidad macroeconómica, la caída
Hoy la quinta economía más grande de América Latina, Perú ha sido, desde el cambio de siglo, una especie de alumno aplicado de la estabilidad macroeconómica.
En la última década, el PIB peruano creció a un promedio del 4,8% anual y la inflación osciló entre el 1% y el 3% (menos que la inflación mensual de Argentina, por ejemplo). El déficit fiscal en 2019, a las vísperas de la pandemia, fue del 1,6%. Las reservas internacionales del Banco Central de Perú equivalen al 36,7% del PIB. Y la pobreza en el país venía cayendo de forma persistente, del 60% en 2001 al 21% ahora.
La pandemia, sin embargo, cobró su precio. La pobreza volvió a aumentar y actualmente afecta a un 30% de los peruanos. Más de dos millones de personas perdieron sus empleos durante la crisis sanitaria. La economía peruana estuvo semiparalizada durante más de 10 días entre el 15 de marzo y el 1º de julio del año pasado, hecho que sumió al país en la recesión. El déficit fiscal subió a un 8,9%. El PIB se desplomó un 11,1%, la peor caída de América del Sur en 2020 (y el peor desempeño de la economía peruana desde la década de 1980).
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Tras un año de bajas económicas, ahora empiezan a aparecer algunas señales positivas: en mayo la economía registró un crecimiento del 47,8% respecto al mismo mes de 2020, gracias a la recuperación de la mayoría de los sectores productivos. El FMI, antes de la toma de posesión de Castillo, anunció que prevé que este año Perú tendrá un crecimiento del 8,5%. Entre enero y mayo el PIB creció un 19,69% respecto al mismo período del año pasado. Y el acumulado entre junio de 2020 y mayo de 2021 fue del 2,5%.
Este es el escenario económico que encuentra Castillo al asumir la presidencia del país que, según su Constitución de 1993, adopta una “economía social de mercado”.
La posición de Castillo sobre cómo administrar la economía peruana ya pasó por idas y vueltas. El año pasado, él se afilió al partido Perú Libre, que se denomina marxista leninista. Hace meses el actual presidente decía que estatizaría las empresas de servicios públicos. Luego, abandonó ese discurso y dijo que sólo crearía una ley que estipularía que las multinacionales tendrían que reinvertir una gran parte de sus ganancias en el país.
En los últimos tiempos suavizó aún más el tono. “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie”, explicó Castillo días antes de asumir.
Castillo afirma que quiere una “economía popular con mercado”. Ese término no existía antes. El propio presidente electo nunca explicó exactamente de qué se trata. Los analistas deducen que es una especie de política proteccionista, con un Estado más presente en la economía – pero sin dejar de ser una economía capitalista.
Escándalos de la pandemia
Por si el revés económico del último año no fuera suficiente, Castillo asume un país golpeado por los escándalos relativos a la gestión de la pandemia.
Aunque al principio el entonces presidente Martín Vizcarra aplicó un estricto protocolo sanitario, con lockdown en todo el país (y posteriormente cuarentenas en regiones específicas), no pasó mucho tiempo para que empezaran a aparecer escándalos de todo tipo. El más grande de ellos fue el que se conoció como “Vacunagate”, una corruptela del famoso caso Watergate, que resultó en la caída del presidente estadounidense Richard Nixon.

En el «Vacunagate» peruano, un lote de 600 dosis de vacunas fue desviado para vacunar secretamente a diversos políticos, como “cortesía», en lugar de ser destinado a profesionales de salud o ancianos. La lista de los VIPs estaba compuesta por 487 personas, entre ellas el Nuncio Apostólico Nicola Girasoli, o sea, el embajador del Vaticano (el representante en Perú del representante de Dios en la Tierra para los católicos), que de manera nada cristiana se adelantó a los ancianos para vacunarse. Monseñor Girasoli, sin encontrar un argumento bíblico ad hoc para la situación, afirmó que se vacunó en la categoría de “consultor de asuntos éticos”.
Para complicar más las cosas, se supo que Martín Vizcarra, que en los últimos conturbados años se había convertido en el “líder anticorrupción”, se vacunó cuando todavía era presidente. Ironías de la vida, el lema de la campaña publicitaria del presidente Vizcarra para que las personas se cuidaran en la pandemia era: “En primer lugar, mi salud” (el slogan pasó a tener otra interpretación después del “Vacunagate»).
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Los peruanos han sido testigos de otras polémicas desde el inicio de la pandemia: desde la escasez de oxígeno en los hospitales hasta el intento del gobierno de bloquear la frontera con Ecuador e impedir el ingreso permanente de migrantes no autorizados, que supuestamente podrían traer nuevas cepas del coronavirus a Perú, pasando por la divulgación, por parte de la clase política, de remedios “milagrosos”, a contrapelo de la ciencia.
Así, un año y medio después del inicio de la pandemia, Perú acumula más de 2,1 millones de infectados y 196.000 muertos. La vacunación empezó tarde y avanza en un ritmo lento. Hasta el momento sólo el 21% de la población se vacunó con al menos una dosis y el 14% con las dos dosis.
Los Fujimori
Es imposible hablar de la historia política reciente de Perú sin hablar de los Fujimori.
La propia llegada de Castillo al poder estuvo marcada por la rivalidad con Keiko Fujimori, hija del exdictador y expresidente Alberto Fujimori. Candidata derrotada por tercera vez, Keiko intentó desesperadamente impugnar la segunda vuelta de las elecciones, ya que necesitaba el foro privilegiado, puesto que está imputada en la edición peruana de la Lava Jato. Inclusive estuvo presa en la cárcel de Chorrillos durante 13 meses. Hace unas semanas el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez solicitó al 4º Juzgado del Crimen Organizado la prisión preventiva de Keiko.
Hay tres Fujimori en la política de Perú: Alberto, que gobernó Perú entre 1990 y 2000; Keiko, hija del exdictador, jefe del partido de su padre y tres veces candidata presidencial, en todas derrotada; y Kenji, hijo mimado del exdictador, hermano de Keiko y, a veces, su aliado o enemigo.

Alberto Fujimori, un agrónomo mediocre, se presentó en las elecciones presidenciales de 1990 contra Mario Vargas Llosa. El escritor empezó la campaña perfilándose como favorito. Pero Fujimori, con un discurso que oscilaba entre el progresismo y el populismo, y con el apoyo de las iglesias evangélicas, ganó rápidamente terreno y venció la disputa. Dos años después dio un autogolpe de Estado: cerró el Parlamento, encarceló a los opositores, exilió a varios intelectuales e inició una onda de represión respaldada por una máquina estatal de torturas.
En 1995, controlando los medios de comunicación y el Estado, se presentó a la reelección y ganó. La Constitución indica que un presidente sólo puede presentarse a la reelección una vez. En la segunda mitad de la década, el régimen se desmoronó bajo el peso de los escándalos. Al no contar ya con el respaldo de Estados Unidos, Fujimori huyó del país.
Permaneció prófugo durante una década hasta que, en 2007, fue extraditado por la Justicia chilena y retornó a Lima. En abril de 2009 fue condenado a 25 años de prisión por asesinatos, secuestro y torturas. A seguir, fue condenado nuevamente a otros siete años y medio de prisión por malversación de fondos públicos.
Actualmente es juzgado por la esterilización forzada de casi 300.000 mujeres indígenas y campesinas en la década de 1990.

A pesar de esa sucesión de escándalos y crímenes, y de la condena, el «fujimorismo» sigue siendo fuerte en Perú. Lo suficientemente fuerte como para que Keiko haya sido candidata presidencial en 2006, 2016 y 2021.
Keiko está inmersa en el sistema de poder desde su adolescencia. Con la prisión de su padre en 2007, asumió el comando del fujimorismo. Aunque derrotada en las urnas, transformó el fujimorismo en la principal fuerza de oposición en el Poder Legislativo. Se convirtió en una especie de “serruchadora de piso serial” de los presidentes peruanos de turno.
El exdiputado Kenji, el otro Fujimori, controla un sector del fujimorismo. Mientras Keiko se rodeaba de “neofujimoristas”, Kenji se apoyaba en la vieja guardia fujimorista. Hace cinco años, los dos entraron en conflicto a la hora de votar la destitución del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, con acusaciones mutuas de corrupción y serruchadas de piso entre hermanos dignas de “Games of Thrones”.
El juego de las sillas en la presidencia de Perú
En los últimos 30 años, Perú tuvo cinco presidentes consecutivos involucrados en problemas graves con la Justicia. El más antiguo es Alberto Fujimori. Después, con la vuelta de la democracia en el año 2000, entraron en esa lista Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynsky – todos acusados de estar involucrados en el caso Odebrecht.
Por si fuera poco, en los últimos cinco años Perú tuvo cinco presidentes, cuatro de los cuales cayeron por impeachment o por revueltas populares. Empezando por Kuczynski, que renunció en 2018 para evitar la destitución tras un escándalo de corrupción por compra de votos.
Asumió su primer vicepresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, entró en la mira de los partidos políticos de derecha e izquierda al convocar un plebiscito para eliminar las reelecciones de los diputados. El 85% de los votantes votó a favor de la propuesta de Vizcarra.
En 2019, las cosas se volvieron nuevamente electrizantes. La vice del exvice, Mercedes Aráoz, derrocó a Vizcarra en un rápido “golpe” parlamentar. Veinte y cuatro horas después Vizcarra volvió al poder, para dejarlo definitivamente en 2020, cuando el Parlamento lo destituyó con el argumento de “incapacidad moral” debido a un supuesto caso de soborno.
Vizcarra fue sustituido por Manuel Merino, que no pudo completar ni siquiera una semana en el poder. Duró cinco días en el cargo, ya que una serie de protestas populares lo forzaron a renunciar. Merino fue reemplazado por el presidente interino, Francisco Sagasti, que se convirtió en el quinto jefe de Estado de Perú en un mandato de cinco años. Él se encargó de pasar el poder a Castillo.
¿Polarización?
Con una historia política reciente electrizante y la elección de un candidato de izquierda ultraconservador (de hecho, es así), se habló mucho de la polarización en la sociedad peruana. Pero en este caso esto no existió.
La polarización existe cuando dos grupos concentran el frenesí de dos enormes sectores. Pero ni Keiko ni Castillo movilizaron a grandes multitudes.
En la primera vuelta hubo una lluvia de candidatos sin precedentes, un total de 18. Además, las encuestas indicaban una inmensa fragmentación en las intenciones de voto, ya que hasta una semana antes de la votación nadie superaba el 13% de los votos.
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Por si fuera poco, el menú de candidatos era raro. Además de Keiko, compitiendo por la derecha populista y Castillo, por la izquierda populista, hubo de todo: desde un empresario millonario investigado por lavado de dinero hasta un abogado denunciado de acoso sexual, pasando por un exfutbolista.
Al fin y al cabo, en la primera vuelta, de los casi 18 millones de votantes peruanos que acudieron a las urnas, Keiko y Castillo sumaron sólo 4,6 millones de votos. Es decir, casi el 74% de los peruanos optó por otros candidatos o votó en blanco o anuló su voto. O sea, la segunda vuelta de la elección se definió por el voto “anti”: los que no la quieren para nada a Keiko votaron a Castillo. Y los que no soportan a Castillo votaron a Keiko.
Ahora, a Castillo le toca enfrentar – además de los desafíos de la economía, la pandemia y un Congreso proclive a los impeachment – a la furiosa Keiko, que intenta serrucharle el piso en el Parlamento, y tratar de escapar a la reciente tradición de los presidentes peruanos de turno.
Traducido por Adelina Chaves