El cortometraje de animación chileno llamado “Bestia” ha sido nominado al Oscar de este año. La obra es sobre la “mujer de los perros”, apodo de la torturadora chileno-alemana Ingrid Felicitas Olderöck. Nascida en 1943, Ingrid era descendiente de una familia alemana nazi (ella misma era defensora de ideas nazis). Dos décadas después, con la patente de capitana, entró a la DINA, la siniestra policía secreta pinochetista (también conocida como “la Gestapo de Pinochet”). En la DINA, instruyó a más de 70 mujeres en la práctica de tortura contra presos políticos. Ingrid murió en 2001, impune, cuando la Justicia chilena recién empezaba a sentar a los torturadores de la dictadura en el banquillo de los acusados.
Hugo Covarrubias, director del corto, afirma que la obra es un ensayo sobre la maldad. Sobre una mente perturbada dedicada a “romper almas en el contexto de una sociedad macabra”.
El principal “reino del Terror” de Ingrid fue la “Discoteca”, también llamada “La Venda Sexy”, un centro de detención y tortura localizado en Santiago, la capital del país – el lugar ganó ese nombre por la música que sonaba ininterrumpidamente, una música esquizoide para un centro de detención y tortura. En la Discoteca, el régimen utilizaba perros grandes para violar a las prisioneras. Ingrid fue la responsable de introducir esta práctica brutal en el ámbito institucional de las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile – también conocida como Comisión Valech – indicó que de un total de 3.621 mujeres detenidas, 3.399 fueron violadas individual o colectivamente por los militares. Por lo menos 13 quedaron embarazadas. De ellas, seis dieron a luz a los hijos indeseados de sus torturadores.
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Los abusos contra mujeres son una constante en las dictaduras latinoamericanas. Y, lamentablemente, no han formado parte del foco de las primeras investigaciones judiciales sobre los crímenes ocurridos durante los regímenes militares de los años 60, 70 y 80. Las democracias que resurgieron en la región no consideraron los casos como “relevantes”, evidenciando así una continuidad del machismo en estas sociedades post regímenes dictatoriales. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones de estos crímenes han empezado a ganar espacio en los tribunales.
Argentina: las violaciones ocurridas durante la última dictadura pasaron a ser consideradas crímenes de lesa humanidad
En 2011, la Justicia argentina avanzó en las investigaciones sobre los delitos sexuales cometidos por militares y policías durante la última dictadura militar (1976-1983) contra mujeres y hombres detenidos en los centros clandestinos de detención diseminados por el país. Hasta ese año – por increíble que pueda parecer – la Justicia incluía los delitos sexuales en la amplia categoría de “abusos”. Con este cambio de enfoque, varios exintegrantes de la dictadura fueron procesados por violaciones en los casos que ocurrieron en los campos de detención como los denominados “Club Atlético”, “El Olimpo” y “El Banco”, entre otros. Según las denuncias, los implicados violaron a decenas de mujeres detenidas en los centros de tortura.
En 2011, Gregorio Rafael Molina, uno de los comandantes de “La Cueva”, el principal centro de detención y tortura de la dictadura en el balneario de Mar del Plata, fue condenado a prisión perpetua por los delitos de 36 secuestros y tortura, dos homicidios, así como la violación de las mujeres que mantenía prisioneras de forma clandestina en la base de la Fuerza Aérea de esa ciudad. Molina se convirtió en el primer exmiembro de la dictadura en ser condenado a prisión por violación, que ahora se considera un delito de lesa humanidad.
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“Por primera vez, las violaciones no fueron considerados como una parte de la tortura, sino como crímenes de lesa humanidad. Solo existen tres antecedentes en el mundo”, afirmó en su momento el abogado de las víctimas, César Sivo.
Sin embargo, las violaciones estaban dentro del “paquete” de cargos contra Molina, lo que significa que, aunque condenado, no fue sentenciado específicamente por los delitos sexuales.
La primera vez que exmilitares se sentaron en el banquillo de los acusados y fueron condenados específicamente por delitos sexuales fue en agosto del año pasado, cuando los exoficiales Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueron condenados a 24 y 20 años de prisión, respectivamente, al ser declarados culpables de cometer violencia sexual de forma reiterada en los casos de tres mujeres detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires, entre 1977 y 1978.
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Hasta el año pasado, de las más de 240 sentencias por crímenes de lesa humanidad, 31 contemplaban delitos de violencia sexual. Estas condenas fueron referentes a los casos de 110 víctimas, entre mujeres y hombres. De un total de 970 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 105 fueron consideradas responsables de delitos sexuales.
Para los especialistas, de acuerdo a los testimonios en los juicios, las agresiones sexuales no fueron situaciones aisladas, sino parte de un plan para aniquilar y degradar a los hombres y mujeres civiles detenidos.
Guatemala: violencia sexual usada como arma de guerra
Entre 1960 y 1996 Guatemala fue devastada por dictaduras militares (así como por gobiernos civiles bajo tutela militar) que implantaron un régimen de terror. El dictador más notorio fue el general Efraín Ríos Montt, que estuvo solo un año y medio en el poder, desde marzo de 1982 a agosto de 1983. Poco tiempo, pero marcado por una frenética política sanguinaria que barrió del mapa a 448 pueblos indígenas y sus habitantes.
En 2013, tras décadas de impunidad, Ríos Montt fue finalmente juzgado por genocidio de indígenas y también por esclavitud sexual de las mujeres de esas aldeas. La violencia sexual se usó en ese conflicto interno como arma de guerra.
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Las mujeres de los pueblos originarios guatemaltecos (predominantemente mayas) fueron esclavizadas por la dictadura y grupos paramilitares con el objetivo de atender sexualmente a los soldados, así como para cuidar de la ropa de las tropas y cocinar. Sus maridos fueron asesinados por los militares. La mayoría de las víctimas tienen ahora más de 60 años y sufren graves trastornos de estrés postraumático.
En total, 1.465 víctimas de torturas sexuales presentaron denuncias. Las menores de edad violadas en aquel período representan un tercio de las mujeres torturadas.
En enero de este año se realizaron los juicios por delitos sexuales a los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que eran las milicias del régimen militar. Cinco exmiembros de las PAC se sentaron en el banquillo de los acusados por violencia sexual cometida entre 1981 y 1983 contra 36 mujeres mayas. Fueron condenados a penas de 30 a 40 años de prisión.
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Paraguay: violaciones y pedofilia en el alto escalón
Durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay, el mismísimo dictador practicó violaciones sexuales en gran escala y el crimen de pedofilia contra niños con edades de entre 10 y 15 años.
Los investigadores del Departamento de Memoria Histórica y Reparación (DMHR) del Ministerio de Justicia en Asunción, capital paraguaya, afirman que Stroessner violaba un promedio de cuatro nuevas víctimas por mes. Los niños eran secuestrados por los militares, generalmente en la zona rural, pero a veces también en los barrios de la capital. A lo largo de los 34 años de dictadura, se estima que Stroessner habría violado a más de 1.600 niños. Ministros y generales, a veces, también cometieron el crimen.
Las primeras denuncias sobre las violaciones sistemáticas cometidas por el dictador paraguayo fueron publicadas por el diario “The Washington Post”, en 1977. Pero los delitos sexuales de la dictadura stroessnista empezaron a ser investigados recién en 2016.
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Uno de los casos emblemáticos es el de Julia Ozorio, que tenía solo 12 años cuando fue secuestrada de la casa de sus padres en el pueblo de Nueva Italia, en 1968. Fue mantenida como esclava sexual del dictador y luego de sus oficiales hasta los 15 años. Julia se exilió en Argentina y en 2008 publicó sus memorias, “Una rosa y mil soldados”, en las que relata el calvario al que se enfrentó.
Perú: esterilización forzada de mujeres para “combatir la pobreza”
En los años 90, el entonces dictador peruano Alberto Fujimori consideraba que, para reducir la pobreza, era necesario disminuir el número de pobres. Pero el plan de Fujimori no era reducir la pobreza mediante el crecimiento de la economía, sino impidiendo que los pobres tuvieran hijos.
De esta manera, determinó la esterilización en masa de mujeres jóvenes que nunca habían tenido hijos. Para mantener el asunto lejos de los ojos de la prensa y de los sectores opositores, concentró esa acción en el interior del país, sobre todo en las comunidades indígenas.
La mayoría de esas mujeres eran indígenas y pobres, y prácticamente solo hablaban quechua. Algunas, para autorizar la esterilización, firmaron documentos en español, idioma que ni siquiera entendían. Otras no firmaron ningún documento, pero fueron forzadas a someterse al procedimiento.
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Se estima que entre 270.000 y 350.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza o engañadas por el régimen (los médicos les decían que eran procedimientos para “mejorar la salud”).
Fujimori cayó en el año 2000. Los años pasaron y las autoridades recién empezaron a encarar este asunto en 2015. En ese momento, muchas de las víctimas de la esterilización forzada ordenada por Fujimori ya habían fallecido. Otras abdicaron de recurrir a la burocrática Justicia peruana.
De las 8.000 víctimas que se inscribieron en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016, 2.000 presentaron una denuncia formal contra Fujimori. De ellas, 1.307 sufrieron lesiones graves a causa del procedimiento.
Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por asesinatos y malversación de fondos públicos. Pero en diciembre pasado un tribunal de Lima lo demandó por las esterilizaciones forzadas. Se espera que sea condenado antes del final de este año.
(Traducido por Adelina Chaves)
