La democracia más antigua de América del Sur celebrará este domingo, 29 de mayo, la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. El país siempre ha sido gobernado por presidentes de derecha, centro-derecha o centro. Pero nunca antes un candidato de izquierda había tenido posibilidades reales de llegar al poder y convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Colombia.
La tensión política es alta, porque estas elecciones tienen lugar tres años después del inicio de una nueva etapa de convulsión social en el país, agravada por la pandemia y la crisis económica, con grandes manifestaciones y una intensa represión policial condenada por la ONU y la Unión Europea. Todo esto se ve agravado por la persistencia de la violencia, especialmente en el interior del país, donde la salida de la guerrilla de las ahora ex-FARC dejó espacio a otros grupos violentos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.
En total, 39 millones de colombianos podrán votar este domingo, pero el voto no es obligatorio en Colombia. Desde el cambio de siglo, solo la mitad del electorado, en promedio, ha acudido a votar, y esta participación viene cayendo gradualmente.
En los últimos dos meses, el candidato Gustavo Petro, de izquierda, ya cambió cuatro veces de partido. Actualmente está en Colombia Humana, que forma parte de la coalición de centroizquierda “Pacto Histórico”, lanzada el año pasado, y que lidera las encuestas.
En segundo lugar se encuentra Federico “Fico” Gutiérrez, de la derecha tradicional y del partido Creemos Colombia. Creado en 2015, el partido forma parte de la coalición “Equipo por Colombia”, lanzada el año pasado.
En los últimos meses, Petro ha promediado más de 10 puntos porcentuales sobre “Fico” y, hasta principios de la semana pasada, todo indicaba que el rival de Petro en una eventual segunda vuelta en junio sería el candidato de Creemos.
En las últimas dos semanas, sin embargo, la campaña ha dado un giro con el persistente crecimiento de aquel que era el tercer candidato, el empresario Rodolfo Hernández, de 76 años, un populista de derecha que se declara un “outsider” político y al que se le suele llamar “el Trump colombiano”. Hernández estaría en un empate técnico con “Fico”.
Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) indica que Petro tendría el 45,1% de las intenciones de voto. En segundo lugar estaría Hernández, con un 20,4%, seguido de Fico Gutiérrez, con un 20,1%. Es en el hipotético escenario de una segunda vuelta entre Petro y Hernández, sin embargo, que la situación se complica para el candidato de izquierda. Las encuestas muestran un empate técnico entre ambos, con un 40,5% cada uno, según el sondeo del Centro Nacional de Consulta.
Hace dos semanas, Ingrid Betancourt, que era la candidata presidencial por el Partido Verde, retiró su candidatura y declaró su apoyo a Hernández. Betancourt se hizo internacionalmente famosa tras ser secuestrada y mantenida como rehén por las FARC durante seis años. Betancourt tenía una intención de voto muy baja. Pero gracias a ella, Hernández tiene ahora un aliado de prestigio.
Por eso, el pasado fin de semana Petro hizo un llamado a sus seguidores para que empezaran a trabajar para ganar en la primera vuelta, porque las proyecciones de la encuesta CELAG indican que él podría tener el 48% de los votos. Es decir, el plan es hacer un esfuerzo final en este “sprint”, hacer una “oleada”, para lograr el porcentaje necesario para ganar ya en la primera vuelta.
LEE TAMBIÉN: Boric inicia una nueva etapa de la izquierda en la política latinoamericana
Una campaña marcada por denuncias
La campaña electoral estuvo marcada por los más variados tipos de denuncias entre los candidatos.
Petro fue acusado de ser un agente del “castro-chavismo” (término creado en Colombia hace muchos años para designar la alianza entre el régimen chavista en Venezuela y el régimen castrista en Cuba) y narcotraficantes. Petro y sus aliados han negado estas teorías de la conspiración.
Pero Petro también hizo acusaciones, las más llamativas durante el mitin de cierre de su campaña electoral, en el que afirmó que el gobierno del presidente derechista Iván Duque tiene un hipotético plan para suspender la primera vuelta del domingo. Sin embargo, no dio más detalles en su denuncia.
El gobierno colombiano respondió que no está prevista una suspensión de la primera vuelta, ya que esto solo podría ocurrir en caso de una catástrofe nacional, como un terremoto o algo similar.
Centro vacío y gobernistas con problemas
Los partidos de centro siempre se han presentado en Colombia con el argumento de que representan el llamado “cambio viable”. Es decir, la viabilidad de ganar en las urnas y luego gobernar, sin mayores complicaciones en el Parlamento. Sin embargo, estos partidos de centro vienen perdiendo poder electoral desde las elecciones de 2018, cuando Petro logró llegar a la segunda vuelta y obtener el 42% de los votos, perdiendo por poco margen ante el presidente Iván Duque, que dejará el cargo el 7 de agosto.
Duque, de derecha y muy impopular (su desaprobación llega al 80%) no logró presentar un candidato. Él y su expadrino político, el expresidente Álvaro Uribe, tenían un candidato, Oscar Zuluaga. Pero este último retiró su candidatura hace unos meses.
Las encuestas indican que el 60% de los ciudadanos considera que la situación económica de sus hogares es “regular, mala o muy mala” y el 90% de los encuestados afirma que la situación del país, en general, también es “regular, mala o muy mala”.
Estos son los principales candidatos en la disputa de las elecciones presidenciales 2022 en Colombia
Gustavo Petro
Con 62 años, fue militante del M-19, grupo que tenía un ala política y un ala de guerrilla de izquierda en los años 80. El grupo se hizo famoso por la sangrienta invasión del Palacio de Justicia en 1985. Fue una de las pocas acciones militares del M-19, más marcado por la actividad estudiantil en las grandes ciudades del país.
El escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald solía decir que “no hay segundos actos en la vida de los estadounidenses”. Pero Américo Martín, un célebre exguerrillero venezolano de extrema izquierda, opositor a Hugo Chávez, fallecido en febrero pasado a los 84 años, parafraseaba esta frase afirmando con ironía que “en América Latina no hay segundos actos para los exguerrilleros”, indicando que eran rarísimos los casos de éxito en la vida democrática para aquellos que habían sido guerrilleros.
Pero Petro no fue guerrillero, nunca participó en combates. Se dedicó a los discursos políticos en las asambleas estudiantiles y a la distribución de folletos. Aún así, estuvo preso durante un año y medio por ser miembro del grupo. Posteriormente se exilió en Bélgica, donde se especializó en temas medioambientales. En 1990, el M-19 y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo de paz.
Al regresar a Colombia volvió a la vida política de su país y fue elegido diputado federal. Posteriormente fue alcalde de Bogotá, la capital del país (pero con una gestión considerada “deslucida”) y senador. Su partido actual es Colombia Humana.
Esta es la tercera vez que Petro se presenta como candidato a la Presidencia de la República. Como es la primera vez que un candidato de izquierda tiene posibilidades reales de llegar al poder, bautizó como «Pacto Histórico» a su heterogénea coalición de partidos, que reúne a partidos históricos (como el Partido Comunista), partidos ecologistas, grupos políticos de pueblos originarios, entre otros.
Para esquivar las críticas de las feministas, que le reprochaban la ausencia de una agenda a favor de la causa, invitó a la afrocolombiana Francia Márquez, segunda en la convención partidaria del Pacto Histórico en marzo, a ser la vicepresidenta.
Petro, hoy, propone una mayor participación política y representación de las mujeres. Uno de sus objetivos, dice, es que el 50% de los puestos de la función pública estén ocupados por mujeres. Promete crear el “Ministerio de la Igualdad” para lograr este objetivo. Planea, también, una reforma de la Policía, dirigida, sobre todo, a evitar las frecuentes violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones, así como cambios en la financiación de las Fuerzas Armadas, que ya no necesitan las ingentes cantidades de dinero que solían usar en el combate a la guerrilla de las FARC (que depusieron las armas en 2016).
El candidato de izquierda dice que Colombia necesita pasar de una matriz energética fósil a una economía descarbonizada. Por ello, pretende prohibir la exploración de yacimientos no convencionales de gas y petróleo. En su mira también está la minería a cielo abierto. El candidato también asegura que quiere “democratizar” la propiedad de la tierra, para acabar con el “latifundio improductivo” (en este caso, favoreciendo la propiedad de las familias rurales).
Pero estos compromisos, entre otros que preocupan a algunos sectores de los mercados, requerirían un peso importante en el Parlamento, es decir, una mayoría propia, algo que no tiene.
El Parlamento colombiano está integrado por 108 senadores y 187 diputados (las elecciones parlamentarias se realizaron en marzo). Petro tiene 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Diputados. Este número indica un crecimiento histórico en relación a lo que tenían antes. El tradicional Partido Liberal, de derecha, por ejemplo, tiene 15 senadores y 32 diputados. Por eso, si es elegido presidente, Petro deberá ser flexible para conseguir el apoyo de la centroizquierda y del centro.
En general, Petro se ha ido acercando al centro en los últimos años, alejándose de sus viejos compañeros de militancia de la izquierda purista.
Petro evita llamarse a sí mismo “de izquierda”, optando por clasificarse como “progresista”.
Federico “Fico” Gutiérrez
Con 47 años, es ingeniero civil, consultor de seguridad e incursionó en la política en la primera década de este siglo. Fue concejal en Medellín y luego fue elegido alcalde de la ciudad en 2015. En esta oportunidad, tuvo su candidatura avalada por una enorme petición de los ciudadanos de Medellín (y no por un partido político, que es el formato clásico).
Hizo de la lucha contra el crimen su principal bandera en la administración de esta ciudad. Pero su propio secretario de Seguridad fue protagonista de un escándalo, cuando fue detenido por vínculos con bandas locales (había intercambiado favores con delincuentes para mostrar resultados en su gestión).
Gutiérrez terminó su mandato con un 80% de imagen positiva. Pero tuvo sus propios problemas en 2018 cuando salieron a la luz datos de que había usado fondos públicos para pagar campañas en las redes sociales usando bots y cuentas falsas contra políticos de Medellín que eran sus opositores.
Su única credencial para estas elecciones es su gestión como alcalde de Medellín. Durante su gobierno fue apodado «sheriff». A veces participaba en la persecución de delincuentes durante los patrullajes policiales nocturnos. No en un coche de policía común por las calles, sino desde los cielos, en un helicóptero apodado irónicamente de «Ficóptero».
Fico evita etiquetarse como un representante de la “derecha” y prefiere decir, de manera colosalmente genérica, que es miembro de la “ideología del sentido común”.
Gutiérrez también evita aparecer junto al presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, ambos de una derecha más dura que la suya. Pero cuenta con el apoyo de partidos tradicionales como el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador.
El candidato asegura que su ideología es “la del sentido común”. Intenta mostrarse como una derecha light. Pero a veces hace declaraciones que lo ubican en la derecha dura. Su lema es «Un candidato del pueblo». Siempre sonriente, con un muy fuerte acento paisa (el acento de Medellín) habla sin recurrir a los clásicos gritos de los políticos regionales.
Estéticamente pertenece a la corriente de la derecha sudamericana que, en la última década, ha optado por vestirse con chaqueta, pero sin corbata.
En la campaña, su principal bandera fue el discurso anti-Petro. Gutiérrez se presenta como la única alternativa para derrotar a Petro y así evitar lo que él llama “comunismo en Colombia”. Según él, el candidato de izquierda es “amigo de las FARC” y del régimen chavista en Venezuela.
De forma suave, repite como un mantra la frase “o nos unimos o nos jodemos”. Pero los analistas sostienen que el fracaso del gobierno de Duque, junto con las polémicas generadas por el expresidente Uribe, llevaron a la derecha convencional colombiana a un déficit de fuerza para imponerse en las urnas.
Por eso, muchos potenciales votantes que temen a la izquierda han comenzado a pensar en reorientar su voto. Es decir, en lugar de apostar por Fico, votarían por el otro candidato de la derecha, Rodolfo Hernández.
Rodolfo Hernández
El político populista, de 77 años, apodado “el Donald Trump colombiano” y “El Viejito”, es un empresario del sector de la construcción que hizo fortuna con la construcción y venta de casas populares (era, al mismo tiempo, un “banco”, ya que facilitaba el crédito para la compra de estas casas). Sus padres eran campesinos.
Hernández, que afirma tener una fortuna de US$ 100 millones, creció en las encuestas con un discurso anticorrupción, catalizando el enfado de amplios sectores de la población con la histórica clase política del país, con los partidos de derecha, centro e izquierda. Hernández afirma que los partidos políticos son corruptos y se dedican a hacer festivales de gastos con el dinero de los contribuyentes. Sostiene que Colombia sufre una “sangría” protagonizada por “100.000 ladrones” (cita la cifra como concreta) y promete vender los aviones y automóviles utilizados por las autoridades, además de convertir el palacio presidencial en un museo.
Una de sus hijas fue secuestrada en 2004 por guerrilleros de las FARC y nunca más se la volvió a ver. Cuando ocurrió el secuestro afirmó que no pagaría el rescate de ninguna manera.
Con el discurso de “Colombia no crece porque los políticos se roban el país” se disparó en las encuestas. Los analistas indican que Hernández busca reducir todo a la corrupción. Si en una entrevista le preguntan sobre la educación, lleva el tema a la corrupción. Y utiliza el mismo modus operandi con la minería, la ecología, entre otros temas. El nombre de la coalición de Hernández tiene que ver con este tema: “Liga de gobernadores anticorrupción”.
Tiene también lo que llama su “manera de ser espontánea”, que consiste en un arsenal de palabrotas en sus declaraciones, además de aparecer en pijama en las entrevistas. Un video de su época como alcalde abofeteando a un concejal se hizo famoso hace años y ahora se está volviendo viral.
El candidato septuagenario ha cosechado mucho éxito entre los jóvenes de clase baja, pues aparece en TikTok en un patinete eléctrico.
Hernández se negó a participar en los debates de los candidatos presidenciales. Afirma que son una “pérdida de tiempo”.
El “Trump colombiano” también se declaró admirador de Adolf Hitler, a quien calificó de “gran pensador alemán”. Días después, ante las repercusiones negativas, trató de enmendar su error diciendo que había confundido a Hitler con Albert Einstein. Sin embargo, no hay ninguna similitud sonora entre los apellidos «Hitler» y «Einstein».
LEE TAMBIÉN: Elecciones 2022: pequeño glosario etimológico electoral brasileño y latinoamericano
Guerra de guerrillas
Desde los años 1960, Colombia ha sido el escenario de la guerra interna más prolongada y sangrienta de América del Sur. Por lo general, las guerras internas latinoamericanas son libradas por un grupo guerrillero contra el gobierno de turno. Pero en el caso de Colombia las cosas fueron más complejas, porque fue una lucha de todos contra todos.
El principal protagonista fueron las FARC, que en la década de 1960 empezaron a luchar inspiradas en un marxismo “romantizado” de Cuba. Al principio recurrieron a robos de bancos y secuestros para recaudar fondos. Pero en los años 80 se dieron cuenta de que era más rentable — aunque en contra de los preceptos de Karl Marx — recurrir al cultivo de coca y al contrabando de cocaína.
Un grupo guerrillero menor, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también entró en escena. Pero mientras las FARC tenían un mando verticalista, el ELN era una federación de microguerrillas (con una ideología que mezclaba marxismo-leninismo, nacionalismo extremista y el cristianismo de la teología de la liberación) sin un mando unificado durante la mayor parte de su existencia.
El otro actor de la guerra interna fueron los grupos paramilitares de derecha, que surgieron como fuerzas paralelas al Ejército y poco a poco adquirieron autonomía y también empezaron a dedicarse al narcotráfico.
En los años 1990, en su apogeo, los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares llegaron a controlar más de un tercio del país (básicamente las zonas selváticas).
Todos estos grupos luchaban entre sí. Y todos, por separado, contra el Estado colombiano.
Hasta el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, éstas eran responsables del 60% de la producción de drogas en Colombia y los grupos paramilitares del 40%.
Pero la salida de escena de las FARC, con la desmovilización de su guerrilla, abrió un vacío que fue aprovechado por otros grupos para expandirse, especialmente las “Bacrim”, como se denomina a las bandas criminales, que son organizaciones “multitarea”, como La Empresa, Nueva Gente y la Gente del Orden. Estos grupos son una especie de resultado del “matrimonio” de los remanentes de los grandes carteles del pasado, como el Cartel de Cali o Medellín, y los paramilitares y exguerrilleros. El mayor de todos es el Clan Úsuga, que en los últimos años ha pasado a denominarse Clan del Golfo. Este grupo ya es responsable del 50% de la producción de drogas del país.
El ELN se dedica actualmente al contrabando de minerales y petróleo y tiene excelentes relaciones con el régimen del país vecino, Venezuela, donde también tiene parte de sus negocios.
Optimismo en declínio
En 2016, los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC generaron grandes expectativas de que el país pudiera “normalizarse”. Es decir, se esperaba que la violencia tuviera una reducción importante debido a la desmovilización y deposición de armas por parte de los exguerrilleros, quienes iniciarían su proceso de readaptación a la sociedad. Los economistas calculaban que habría también una expansión económica, gracias a la reorientación de los miles de millones que el Estado colombiano gastaba en las Fuerzas Armadas y el sistema policial, y que serían destinados a obras de infraestructura, especialmente en las zonas del país que habían sido controladas durante más de medio siglo por las FARC. Sin embargo, este optimismo se ha desplomado con el paso de los años.
El optimismo surgido en 2016 en diversos sectores de la sociedad escondía una serie de problemas que los distintos gobiernos colombianos habían permanentemente eludido. Entre ellos se encuentran la enorme desigualdad social en el país, la falta de puniciones explícitas y masivas a los integrantes de las distintas bandas (de izquierda y de derecha) que perpetraron masacres, violaciones, secuestros, torturas durante estas décadas, la falta de seguridad de las grandes comunidades indígenas, el acaparamiento de tierras y los frecuentes asesinatos de líderes comunitarios en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Tres años de convulsión social
La ola de protestas populares que se apoderó de varios países sudamericanos en 2019 también tuvo su capítulo colombiano. Pero ese año, el presidente Iván Duque logró apaciguar las manifestaciones con negociaciones, haciendo promesas que poco a poco fueron abandonadas. Las protestas resurgieron, pero de forma fragmentada.
El año pasado, sin embargo, el país fue el escenario de una nueva explosión social, la mayor de su historia. Detrás de esta crisis estuvo la pandemia y la consiguiente crisis económica (en Colombia el impacto social fue mayor que en otros países de América del Sur).
La gota que colmó el vaso fue el proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, que implicó aumentos de impuestos, especialmente la creación de un Impuesto al Valor Agregado del 19% para los servicios, además de ampliar la base de contribuyentes. La irritación popular también aumentó debido al proyecto de reforma del sistema de salud, que implicaría la descentralización de los sistemas de salud, dejando la responsabilidad a las provincias (es decir, el gobierno federal transferiría sus problemas a los gobernadores y alcaldes).
El país estuvo paralizado durante semanas. La policía mató a decenas de civiles que protestaban y muchos otros están desaparecidos. Cientos de personas resultaron heridas, varias de las cuales quedaron ciegas (o parcialmente ciegas) por los disparos de la policía al rostro de los manifestantes. Por otro lado, los comerciantes de las zonas de protesta también sufrieron, pues varios grupos aprovecharon la confusión general para destrozar y saquear las tiendas.
La represión policial desatada por Duque en su momento hizo que su ya mala imagen popular cayera en picada. La imagen del mentor político de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, partidario de la mano dura, también se desplomó.
La ONU y la Unión Europea condenaron el uso irrazonable de la fuerza contra manifestantes en Colombia.
Las manifestaciones también contaron con la participación de grupos de indígenas, que exigen el cese de las acciones de los acaparadores de tierras, además de pedir seguridad ante la guerrilla de izquierda, los grupos paramilitares de derecha y de narcotraficantes.
En varias ciudades, en los últimos tres años, diferentes grupos de indígenas derribaron estatuas de los conquistadores españoles y exigieron la devolución de sus lugares religiosos.
Faits divers
Del total de electores de Colombia, casi un millón residen en el extranjero y pueden votar. Se trata de un grupo nada despreciable, ya que constituye el 2,5% del electorado y podría ser crucial en una votación ajustada.
Colombia tiene una de las democracias más antiguas de América Latina. De hecho, es la más antigua de América del Sur, dado que su última dictadura militar, la del general Gustavo Rojas Pinilla, que duró cuatro años, terminó en 1957. El general había derrocado al presidente Laureano Gómez en 1953 con el argumento de que iba a poner fin al período conocido como “La Violencia” (una fase de enfrentamientos, con una gran cantidad de muertos, entre los principales partidos políticos del país). Los militares nunca más volvieron a la Presidencia de la República.
Hace unos días, el presidente Joe Biden oficializó la declaración de Colombia como el nuevo aliado extra-OTAN de Estados Unidos. De esta forma, Colombia podrá tener acceso a material bélico estadounidense y tendrá privilegios en los trámites para la compra de tecnología espacial.
Colombia es el principal aliado militar de Washington en América del Sur desde al menos los años 80. Esta colaboración se hizo más estrecha en los años 90, con el envío por parte de Estados Unidos de asesores militares para luchar contra la guerrilla y los narcotraficantes.
Y esto no cambió con los presidentes de turno, ya sea en la Casa Blanca o en la Casa de Nariño, el palacio presidencial colombiano.
Traducido por Adelina Chaves
